Ayer 10 de diciembre la Dra. Cristina Fernández asumió la presidencia de la República Argentina, hecho que junto a ley de cupos y la cantidad de intendentas y gobernadoras mujeres que tenemos actualmente (y cuya tendencia es creciente), podría hacernos pensar que nuestros problemas de desigualdad ante la ley en la práctica, han llegado a su fin.
Sin embargo siempre pensé que la presencia femenina en las esferas de poder es un paso necesario pero no suficiente, pues las herencias culturales no se cambian en unos pocos años.
Por ese motivo quiero presentar la entrevista que Mariana Carbajal de Página12 realizara recientemente a la dirigente feminista Silvia Pimentel. Silvia es brasilera e integra el Comité de la ONU contra la Discriminación de la Mujer. Aquí explica para qué sirve el Protocolo de la Cedaw. Y destaca el “valor simbólico” de una presidenta mujer, pero advierte que “con eso solo no es suficiente”.
Extracto de la entrevista de Marina Carbajal a Silvia Pimentel
Silvia Pimentel integra actualmente el Comité de la ONU que monitorea el cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (conocida por su sigla en inglés, Cedaw), el tratado internacional más importante para la defensa de los derechos de las mujeres.
Esta brasileña con más de treinta años de lucha feminista es abogada, madre de cuatro hijos y abuela de varios nietos. Fue una de las fundadoras del Comité de América latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem) y del Iwraw (Internacional Women’s Rights Action Watch), la primera ONG internacional dedicada a la tarea política de vigilar el funcionamiento del Comité Cedaw, desde la perspectiva del movimiento de mujeres. Hoy, Pimentel es una de los veintitrés miembros del Comité Cedaw, además de profesora de Filosofía del Derecho de la Pontificia Universidad Católica de San Pablo, Brasil.
– ¿Para qué les puede servir a las mujeres de Argentina que el país haya ratificado el Protocolo Facultativo de la Cedaw?
– La Convención Cedaw es la carta magna de los derechos de las mujeres, importantísima, pero no daba a las mujeres individualmente o a organizaciones la posibilidad de acceder al Comité Cedaw con denuncias sobre violaciones de los derechos humanos de las mujeres por parte del Estado, sea por acción o por omisión.
El Comité es casi un órgano jurídico y el Protocolo Facultativo abre la posibilidad de presentar allí denuncias de casos particulares.
Pero además, hay un artículo en el Protocolo Facultativo, el octavo, sobre el cual quiero poner especial énfasis, que tiene una dimensión todavía no bien percibida por las mujeres.
Dice textualmente ese artículo: “Si el Comité recibe información fidedigna que revele violaciones graves o sistemáticas por el Estado parte de los derechos humanos enunciados de la Convención, el Comité invitará a este Estado parte a colaborar con el examen de la información y a esos efectos a presentar observaciones sobre dicha información”.
– ¿Qué situaciones se podrían denunciar?
– A mi juicio es una violación grave y sistemática de parte del Estado parte –y esto pasa tanto en Argentina como en mi país, Brasil– la negación del acceso al aborto que está permitido por el Código Penal. Sistemáticamente las mujeres que lo reclaman no tienen la posibilidad de realizárselo o tienen que enfrentar obstáculos. Es una violación grave porque muchas mueren al no acceder a un aborto.
Hasta ahora, de los más de diez casos que hemos recibido en el Comité, uno solo se refiere a una violación grave y sistemática y tiene que ver con los crímenes de mujeres en Ciudad Juárez, en México.
– ¿Qué resolvió el Comité en ese caso?
– El Comité no es un tribunal. Se promovieron investigaciones, se demandó al gobierno estudios, evidencias. Este mecanismo tiene un efecto importante, que es llamar la atención del Estado parte –en este caso México– de que algo debía haber hecho para evitar esa situación.
Hace unos días en Brasil salió a la luz que una adolescente de 15 años había pasado 20 días en una cárcel de adultos con hombres en la misma celda. Para comer, los presidiarios le exigían relaciones sexuales, si no le quitaban la comida. Algo terrible. Esto ocurrió en el estado de Pará, en el norte del país. ¿Por qué lo menciono?
Cuando el escándalo apareció, la gobernadora de Pará fue entrevistada por los medios de comunicación y dijo que eso era muy frecuente, que no era una novedad. Al escucharla, pensé: es un caso para utilizar el artículo 8º del Protocolo Facultativo. Es gravísimo y sistemático. Hay que pensar en aprovechar este mecanismo.
– Usted es una reconocida luchadora por la despenalización del aborto. ¿Por qué sostiene que debe despenalizarse?
– Siempre digo que no estoy a favor del aborto sino de su despenalización. ¿Por qué? Porque no se puede criminalizar a mujeres que dicen “no puedo tener un bebé”. Yo pienso que el aborto no es un método de anticoncepción, pero es una posibilidad para una mujer que entiende que no puede, no debe o no quiere tener un hijo. Yo soy madre de cuatro hijos. Un hijo debe ser deseado para ser amado. No se puede obligar a una mujer a tener un hijo, el Estado no puede decir que una mujer tiene que tener un hijo si quedó embarazada.
– Como sabrá, es la primera vez que la Argentina elige a una mujer como presidenta…
– ¡Felicitaciones, Argentina!
– Cristina Kirchner ha manifestado que está en contra de la despenalización del aborto. ¿Qué opina?
– Me encantaría enviarle un mensaje a través de este medio a la presidenta electa. En primer lugar, le quiero decir que acompañé muy feliz su elección. Soy feminista desde hace más de 30 años y fue una alegría muy grande para mí ver que las dos principales candidatas eran mujeres. A Lilita (Carrió) también la respeto. En segundo lugar, le quiero decir a Cristina Kirchner que es muy bueno que haya resultado electa porque tiene un valor simbólico muy grande: tenemos una mujer como la más alta política en Argentina, una más en Latinoamérica. Pero no basta con que la mujer esté en puestos de decisión, no es suficiente.
Es necesario que estas mujeres, que Cristina Kirchner sea sensible y más, esté comprometida con las demandas y las causas de las mujeres de su país. Yo le diría a Cristina Kirchner que respeto muchísimo las creencias religiosas de las personas, pero lo que espero es que ella sea una jefa de Estado al ocuparse de los derechos y la salud pública. Hay que separar sus creencias personales y su religiosidad. No puede confundirlas con su obligación como jefa de Estado de Argentina de respetar la realidad, las necesidades y las reivindicaciones de las mujeres de su país. Es un desafío.
– Usted es profesora en la Universidad Católica de San Pablo. ¿No ha tenido problemas para dar clases por sus posiciones feministas?
– La Universidad Pontificia de San Pablo, en Brasil, es una universidad considerada de vanguardia. En el momento de la dictadura se manifestó en contra de los militares e incluso estuvo abierta a recibir profesores echados de universidades estatales. Luchamos y somos un símbolo en Brasil por las libertades democráticas. Por eso, creo, siempre respetaron mi libertad de expresión y de opinión. De todas formas, hay esfuerzos para sacarme por parte de grupos llamados provida que están haciendo un monitoreo de lo que hago en el Comité Cedaw.
– ¿La vigilan?
– Sí, y dicen que no es posible que yo esté diciendo las cosas que digo y sea profesora de una universidad católica. Estoy bajo vigilancia pero felizmente, la razón y el respeto guían a la Arquidiócesis de San Pablo y a la Universidad Católica.
– ¿Hacia dónde debería avanzar el gobierno argentino para prevenir y erradicar la violencia de género?
– Todos los países de América, por no hablar del mundo, hacen menos de lo que deberían hacer en ese sentido. Por ejemplo, escuchando a ONG de Argentina me enteré de que en la provincia de Buenos Aires hay sólo un refugio para mujeres que sufren violencia.
Se debe hacer mucho más para prevenir, que es el primer paso, pero cuando no es suficiente la prevención hay que proteger a las mujeres. ¿Cómo puede haber un solo refugio? Es lamentable. Esta es una grave y sistemática violación de los derechos humanos de las mujeres por parte del Estado por omisión.
