NUEVA YORK, Estados Unidos,.- Paralelamente a la sesión extraordinaria de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, «Mujeres 2000: Igualdad entre los géneros, desarrollo y paz para el siglo XXI», arrancó el Foro de Organismos No Gubernamentales en un acto que reunió a mujeres de diversas partes del mundo en la conocida Plaza Dag Hammarskjold de Manhattan, en Nueva York.
Se espera la presencia de 10 mil a 15 mil personas, en su mayoría mujeres, lo que haría del evento uno de los más concurridos desde la IV Conferencia de la Mujer, que en 1995 reunió en Pekín a cerca de 30 mil participantes.
El movimiento de mujeres de América Latina y el Caribe es parte activa de la concurrencia. Ha formulado un llamado a renovar esfuerzos en los compromisos en torno a la justicia económica, democracia, ciudadanía y derechos humanos para que sean plenamente evaluados y reafirmados por los Estados miembros.
En marzo se realizó la última Preconferencia Mundial, donde los Estados intentaron llegar a un consenso del documento evaluativo.
Sin embargo, el avance es lento en temas tradicionalmente controversiales, como son:
El acceso a recursos económicos: Los países «en desarrollo» solicitan a los países ricos que cumplan con destinar el 0.7% de su Producto Interno Bruto (PIB) a la cooperación internacional para el desarrollo, lo que facilitaría la implementación de la Plataforma para la Acción Mundial (PAM). Un ejemplo cercano de la fase de compromiso con dicho aumento es la política de Estados Unidos de asignar apenas 0.1 por ciento de su PIB para la cooperación internacional.
Los derechos sexuales y reproductivos constituyen una de las áreas críticas en el debate, especialmente en lo que se refiere al acceso a la información y servicios en salud sexual y reproductiva para jóvenes como un derecho, lo que además facilitaría la disminución de los embarazos no deseados en adolescentes y las enfermedades de transmisión sexual, así como la posibilidad de tomar decisiones informadas.
Sectores conservadores insisten en que la información sobre educación sexual y reproductiva debe brindarse a los padres, argumentando que la educación directa a adolescentes promovería la promiscuidad.
A pesar que el llamado Consenso de El Cairo (Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, CIPD) reconoció que el aborto practicado en condiciones de riesgo es un problema de salud pública, relacionado con la morbilidad y mortalidad maternas, y que la IV Conferencia recomendó considerar la posibilidad de revisión de las leyes que contienen medidas punitivas contra las mujeres que han tenido un aborto ilegal, el tema constituye otro de los puntos de gran controversia.
En relación con el tema de la diversidad como un logro de El Cairo y Pekín, el reconocimiento de la diversidad de familias ha llevado también a fuertes discusiones. Algunos sectores de carácter más conservador insisten en la familia nuclear como modelo para su definición, contraponiéndose a una gran mayoría de países reconoce que la definición conservadora ha sido superada en la realidad, ya que existen familias conformadas con uno sólo de los progenitores, o como familias extensas, heterosexuales, homosexuales, multiétnicas, con o sin hijos etc.
En América Latina, por ejemplo, casi una cuarta parte de las familias consisten de mujeres jefas de hogar, según el más reciente informe de la Oficina de Estadísticas de la ONU «Mujeres en el mundo: Tendencias y estadísticas» (2000).
Con el objetivo de asegurar la universalización y el pleno disfrute de los derechos humanos de las mujeres, el Movimiento Internacional de Mujeres trabaja por el reconocimiento de la diversidad de mujeres. Pero algunos países conservadores pretenden justificar violaciones a los derechos humanos de las mujeres en nombre del relativismo cultural.
Naciones como Sudán, Argelia, Nicaragua e Irán se contraponen al reconocimiento de la diversidad, propuesta reconocida en la PAM, aduciendo que la misma debe de ser acogida según el contexto cultural y religioso de cada país.
La violencia contra las mujeres como violación a los derechos humanos fue reconocida en 1993 en Viena, durante la Conferencia Mundial de Derechos Humanos. Sin embargo, en el presente debate Beijing+5 se trajo a discusión el superado argumento de que la violación de derechos humanos requiere al Estado como ejecutor. Hasta el momento, dicha postura ha sido desestimada con base en los aportes y argumentaciones recogidas en la Declaración de Viena.
El Vaticano resalta la necesidad de que los Estados jerarquicen la atención hacia los servicios de salud, dando prioridad a las enfermedades derivadas de la pobreza, como la tuberculosis o la malaria, etc.
El movimiento de mujeres promueve la aplicación de una salud integral y preventiva y teme que, de acogerse una jerarquización, las mujeres queden excluidas de la toma de decisiones respecto a su salud sexual y reproductiva en el concepto de integralidad aportado por ellas desde mediados de la década pasada en CIPD y la IV CMM.
En la recta final, y frente a la difícil situación para la aprobación del documento evaluativo, varios países latinoamericanos y caribeños han establecido una alianza llamada SLAC («Some Latin American Countries») y como tal participan en los debates de bloques de países.
Este bloque intenta agilizar la aprobación de los documentos y a la fecha contaba con la participación de Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela, Surinam, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y Trinidad y Tobago.
